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Dos años para cobrar 22.000 euros que llevaban consignados desde 2019 en un juzgado de Madrid

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España, a la cola en ejecución de sentencias

Los tribunales le dieron la razón a Manuel (nombre ficticio y afectado por la multipropiedad) el 8 de julio de 2019. La empresa Europlayas y Bankia fueron condenadas solidariamente a pagarle más de veintidós mil euros. A pesar de que el banco ingresó el dinero en la cuenta del juzgado dos meses después de la sentencia, no cobró hasta junio de 2021.

Asesores y Consultores Asociados

Madrid, 13 de mayo de 2022

En febrero, el Colegio General de Procuradores hacía público un informe elaborado por Sigma Dos que sitúa a España a la cola de Europa, sólo superada por Grecia, en el tiempo medio de ejecución de sentencias. Con datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2019 sólo se había ejecutado 1 de cada 4 sentencias civiles. En el 60% de este tipo de procedimientos, la ejecución de la sentencia es dineraria con un importe medio de unos 10.000,00 €. En total, 11.000 millones de euros bloqueados en los juzgados por culpa del colapso a la espera de ser repartidos.

Es un número elevadísimo al que se le puede y debe poner cara. Es el caso de Manuel,  representado por el despacho experto en multipropiedad, Asesores y Consultores Asociados. La demanda por nulidad del contrato de compraventa por el que adquirió una semana de multipropiedad en el complejo Parque Denia se interpuso contra Europlayas, la empresa vendedora, en noviembre de 2017. “El juzgado ya tardó un año en declarar a la mercantil en rebeldía procesal. Estas empresas que vendían multipropiedad están todas desaparecidas desde hace años. Aún así, hay que recorrer el mismo periplo en cada proceso y para los clientes resulta inexplicable que un juzgado se tire un año intentando notificar a una empresa de domicilio en domicilio en donde ya no hay nadie”, explica Álvaro Caballero, abogado del despacho.

Esto es habitual y también que el juicio tardara casi otro año más en un juzgado de primera instancia de Madrid. La sentencia fue favorable antes de agosto de 2019 y Bankia consignó más de 22.000 euros a favor de Manuel en septiembre de ese mismo año. Y ahí empezó el calvario. “Quedaban seis meses para el primer estado de alarma, ni sabíamos lo que era el Covid. Es tremendamente complicado explicarle a un cliente que no se puede hacer más que enviar escritos al juzgado pidiendo que muevan el tema”, asegura Caballero.  Eso sí, según los datos del estudio de Sigma Dos, la pandemia no está detrás de este caso concreto, ya que es lo habitual en un 75% de las sentencias civiles con ejecuciones dinerarias.

Manuel tardó casi dos años más en poder cobrar su dinero después de haber pasado años batallando contra la estafa de la multipropiedad. La explicación: hasta el 4 de marzo de 2021 la sentencia no fue publicada en el Boletín Oficial de  la Comunidad de Madrid. “No hacían el edicto, luego no había funcionario en la plaza, después se hizo y se perdió y así dos años”, relata el letrado experto en multipropiedad. La cuestión es que una sentencia contra una empresa desaparecida no se hizo firme hasta dos años después por la lentitud en la publicación del edicto”, manifiesta. Son más de 22.000 euros bloqueados no sólo en 2019 sino durante lo peor de la pandemia con el país prácticamente paralizado e infinidad de trabajadores sin cobrar o en ERTE.

El estudio mencionado habla de la figura del procurador como solución. Así ocurre en Estonia, donde ellos son los encargados y la tasa de éxito roza el 85% o en Francia, Países Bajos o Luxemburgo, todos por encima del 60%. “Es que no se trata de que quien resulta condenado sea insolvente o no quiera pagar y haya que iniciar un procedimiento de embargo; es que resulta incomprensible que con el dinero en el juzgado se tarden dos años en cobrar”, se lamenta Caballero.
Manuel cobró sus 22.000 euros sin ningún tipo de interés, sin que ningún organismo oficial haya asumido responsabilidades. Y es que como dijo Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE en la presentación del estudio “La justicia no solo consiste en reconocer una situación de desigualdad, sino también en corregirla. Cuando un ciudadano acude a los tribunales no busca únicamente que le den la razón, que confirmen que alguien les debe dinero, lo que busca principalmente es cobrarlo».

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